SOBRE LA SUCESIÓN DE VALCÁRCEL

       Sin duda, uno de los temas más reiterados por la prensa regional en los últimos días ha sido el de la sucesión del presidente Valcárcel. Al final y de forma provisional, el designado ha sido el Sr. Garre, en cuya elección parecen haber tenido mayor importancia razones de amistad y camaradería que de mérito, experiencia, eficiencia y eficacia, cualidades que, ya desde la antigüedad, el filósofo griego Platón consideraba imprescindibles en todo gobernante. El Sr. Garre ha empezado a hacer promesas pero a veces sucede que cuando se intenta sacar a flote una nave casi hundida, se corre el peligro de sumergirla más en el fango.

       No menos difícil será la elección del candidato del PP a la presidencia regional para las próximas elecciones autonómicas, tras hacerse pública la imputación del presumible sucesor, Pedro Antonio Sánchez, actual consejero de educación, por supuestas irregularidades urbanísticas. Sin embargo, tras conocerse la identidad de los jueces que deberán juzgar tales infracciones, es posible que todo quede en nada y Pedro Antonio se convierta en un político más que aparezca ante la opinión pública tras vencer la acción judicial. El magistrado Enrique Quiñonero es un viejo conocido de la consejería de educación regional: suele formar parte de la sala de lo contencioso administrativo para confirmar las duras sanciones de suspensión de empleo y sueldo impuestas a los funcionarios que son anuladas por los juzgados: donde dije digo, digo Diego. Parece que en la Región de Murcia no existe división de poderes. Un buen ejemplo del contubernio entre poder ejecutivo y judicial lo ofrecía el Sr. Sotoca, antiguo consejero de educación, y su esposa, magistrada de lo contencioso administrativo. Con unos jueces así, da gusto mantenerse en el poder. Resulta paradójico que el Sr. Valcárcel pretenda defender en Europa valores como la igualdad, la democracia y la justicia, que son, precisamente, los que se echan en falta en su propia administración regional. A su vez, el sucesor de Pedro Antonio Sánchez al frente de la consejería de educación no está exento de polémica. Se da por verosímil el nombre de Joaquín Buendía, quien, presa del delirio, llegó a firmar en una ocasión la incoación de un expediente disciplinario a un funcionario, para expulsarlo de su puesto de trabajo, por unos hechos acaecidos cuando no ostentaba tal condición, acto promovido por Jesús Gómez, un conocido amigo personal del presidente Valcárcel que dice ejercer de inspector de educación, contando para ello con la complicidad del equipo directivo del IES Aljada de Puente Tocinos. Es lo que sucede cuando se deja a los inspectores de educación hacer lo que les dé la gana. A veces, la obediencia ciega a los superiores provoca episodios como éstos.

            Tras la multitudinaria manifestación del 22 de marzo en Madrid, que reunió a más de dos millones de personas (varios miles según la policía) contra las políticas de los gobiernos en mayoría del Partido Popular, sería muy útil para la democracia que esos equipos de gobierno, nacional y autonómicos, comenzasen a perder sus mayorías absolutas y se desmontase el entramado de influencias y clientelismo en que han convertido la democracia.