Por fin parece que ha llegado el progreso a la Consejería de Educación a través de las nuevas tecnologías y, a partir este curso, las adjudicaciones de destino para el profesorado se hacen de forma telemática, mediante un sistema automatizado que, si bien evita gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención a los aspirantes (con el consiguiente cabreo del sector hostelero de la capital) y, además, ahorra horas de trabajo al personal de la Consejería, cuenta con importantes elementos en contra. En primer lugar, porque es un sistema mecanizado y, ante la avalancha de peticiones, se colapsa o sufre retrasos considerables al procesar la información, con el consiguiente peligro para el aspirante de quedar excluido de la bolsa de interinidad por un fallo informático. Para evitar este tipo de incidentes, la Consejería de Educación, resulta irónico su nombre, haciendo gala de la generosidad que le caracteriza, ha puesto a disposición del usuario unos ordenadores (cuatro o cinco) en su sede de la Avenida de la Fama para quienes no cuenten con los medios técnicos adecuados. Es una solución generosa y a la vez tercermundista, pues son interminables las colas que se originan detrás de cada ordenador, unidas a las de los opositores que han obtenido plaza y deben presentar en plazo la documentación requerida. Lo ideal sería habilitar un salón de actos de gran capacidad con conexión inalámbrica donde los aspirantes puedan conectarse a la plataforma en línea desde su propio ordenador personal.
El mayor peligro de todos, ante el que la Consejería de Educación todavía no ha adoptado ninguna solución, es el uso fraudulento de las claves para acceder a la plataforma virtual. ¿Qué sucedería si alguien se hace con las claves de un aspirante y las utiliza sin el consentimiento de éste? Peor aún sería si desde la propia Consejería se bloquea el acceso a la plataforma a un determinado funcionario, al que se quiere eliminar a cualquier precio, porque resulta molesto para el directivo de turno, bien sea inspector o director de instituto. Es una posibilidad perfectamente real teniendo en cuenta los hechos protagonizados por el director del IES J. L. Castillo Puche de Yecla, cuando en julio de 2008 modificó el parte de faltas y las actas de evaluación de septiembre de 2007, diez meses después de su redacción original, para acusar al profesorado con destino en otro centro de faltar a unas evaluaciones en su instituto de cursos que no eran suyos o cuyos alumnos lo habían aprobado todo en junio. Lo peor de todo es que este director reconoció haber actuado así por consejo del inspector Fernando López Ayerra, dirigido desde su teléfono móvil por el otro inspector Jesús Gómez Gómez, es decir, amparado por la propia Consejería de Educación.
El mayor peligro de todos, ante el que la Consejería de Educación todavía no ha adoptado ninguna solución, es el uso fraudulento de las claves para acceder a la plataforma virtual. ¿Qué sucedería si alguien se hace con las claves de un aspirante y las utiliza sin el consentimiento de éste? Peor aún sería si desde la propia Consejería se bloquea el acceso a la plataforma a un determinado funcionario, al que se quiere eliminar a cualquier precio, porque resulta molesto para el directivo de turno, bien sea inspector o director de instituto. Es una posibilidad perfectamente real teniendo en cuenta los hechos protagonizados por el director del IES J. L. Castillo Puche de Yecla, cuando en julio de 2008 modificó el parte de faltas y las actas de evaluación de septiembre de 2007, diez meses después de su redacción original, para acusar al profesorado con destino en otro centro de faltar a unas evaluaciones en su instituto de cursos que no eran suyos o cuyos alumnos lo habían aprobado todo en junio. Lo peor de todo es que este director reconoció haber actuado así por consejo del inspector Fernando López Ayerra, dirigido desde su teléfono móvil por el otro inspector Jesús Gómez Gómez, es decir, amparado por la propia Consejería de Educación.
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