A medida que avanza la investigación judicial, salen a la luz nuevos delitos de prevaricación (prevaricación continuada) cometidos por el inspector de "educación" JESÚS GÓMEZ GÓMEZ en el ejercicio de sus funciones, según su modus operandi cobarde y a traición. He aquí el último episodio que resumimos en varios actos.
Acto 1: El diario La Opinión de Murcia publica una carta el 3 de junio de 2007 criticando la decisión tomada por el director del IES J. L. Castillo Puche de Yecla de apartar de la docencia a un profesor ante las quejas de unos padres de alumnos, en connivencia con el inspector JESÚS GÓMEZ GÓMEZ.
Acto 1: El diario La Opinión de Murcia publica una carta el 3 de junio de 2007 criticando la decisión tomada por el director del IES J. L. Castillo Puche de Yecla de apartar de la docencia a un profesor ante las quejas de unos padres de alumnos, en connivencia con el inspector JESÚS GÓMEZ GÓMEZ.
Acto 2: El inspector JESÚS GÓMEZ GÓMEZ decide abrir expediente disciplinario al profesor por la publicación de la carta en enero de 2008, SEIS MESES después, irritado por las alegaciones que presentó a la justificación de una ausencia por enfermedad leve.
Acto 3: El profesor envía un fax al instructor del expediente, FRANCISO GARCÍA HERNÁNDEZ, el 5 de noviembre de 2008 solicitándole copia de los partes de faltas del acto anterior.
Acto 3: El profesor envía un fax al instructor del expediente, FRANCISO GARCÍA HERNÁNDEZ, el 5 de noviembre de 2008 solicitándole copia de los partes de faltas del acto anterior.
Texto del fax 
Justificante del envío del fax Acto 4: El inspector FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ se sintió ofendido por el contenido del fax y envía al profesor la resolución del expediente disciplinario el 6 de noviembre de 2008, según consta en el registro de salida de la misma, sancionándolo con CINCO MESES de suspensión de empleo y sueldo, PERO SIN INDICAR EL PERÍODO de cumplimiento de la sanción.
Registro de salida de la resolución 
Resolución, pág. 8 
Resolución, pág. 9 
Resolución, pág. 10 
Resolución, pág. 11 Acto 5: El 6 de diciembre de 2008 el diario EL FARO publica un artículo del profesor que puede consultarse en este enlace y que transcribimos a continuación:
Mobbing en la Consejería de Educación de la Región de Murcia
El acoso laboral, conocido con el término inglés mobbing, en el ámbito de las Administraciones Públicas es una tragedia humana que se permite como medio de neutralizar a funcionarios que resulten incómodos para el directivo de turno.
La finalidad del mobbing administrativo no es otra que la destrucción del hombre en su dimensión laboral e intelectual, primero, y la expulsión, después, del centro de trabajo.
La burocracia mal empleada como sistema de organización tiende a extremar estas conductas reprobables porque se construye sobre la autoridad y la jerarquía: el funcionario directivo domina sobre el subordinado, a voluntad propia o a golpe de expediente disciplinario.
La falta de códigos éticos en la Administración Pública permite estas actuaciones, ya que se tiende a proteger al funcionario directivo en detrimento del subordinado, empleando el miedo y la humillación como estrategia gestora.
Analicemos la concreción de estos argumentos en el ámbito de la Consejería de Educación. Como profesor interino en el IES José Luis Castillo Puche de Yecla, recibí del equipo directivo del mismo el cese de oficio en mis funciones debido a unos problemas de indisciplina de un grupo de alumnos, todo ello con el beneplácito verbal, según sus palabras, del inspector del centro, Jesús Gómez Gómez, hombre de dudosa imparcialidad, pues, oyendo las infamias que le proporcionaba la dirección del mismo, llegó a elaborar informes ilegales con el fin de declarar injustificadas con deducción de haberes y sanción de apercibimiento todas mis ausencias por enfermedad durante el curso escolar, a pesar de que los justificantes habían sido firmados por el director y aceptados por la propia Consejería.
Con motivo de estos hechos publiqué una carta a la directora en el diario La Opinión de Murcia, por la que fui expedientado y sancionado con cinco meses de suspensión de empleo y sueldo por lo que ellos califican atentados graves contra la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
Además de esta sanción, fui excluido de las oposiciones al profesorado de secundaria sin causa justificada y, antes de las vacaciones de verano, recibí la incoación de otro expediente disciplinario por incumplimiento de la jornada laboral en dicho instituto, en fechas en las que ya estaba cesado, es decir, la dirección del IES J. L. Castillo Puche de Yecla había elaborado un parte de faltas falso correspondiente a un mes en el que yo no estaba destinado allí y la Inspección Educativa de la Región de Murcia lo había aceptado como válido, a sabiendas de su ilegalidad, para tramitar el expediente disciplinario.
La última extorsión tuvo lugar no hace mucho. Una señorita llamó por teléfono a mi domicilio en nombre de la Consejería de Educación dándome cita para un reconocimiento médico en la clínica Asur de Jumilla, adonde debía acudir en ayunas después de mear en un tarrito de venta en farmacias.
La razón de realizar allí el reconocimiento y no en mi localidad de residencia, en Yecla, es que dicha clínica cede sus instalaciones al personal médico de la propia Consejería y, de esta forma, a ésta le sería más fácil utilizar los resultados en mi contra para cesarme en mis funciones.
La finalidad del mobbing administrativo no es otra que la destrucción del hombre en su dimensión laboral e intelectual, primero, y la expulsión, después, del centro de trabajo.
La burocracia mal empleada como sistema de organización tiende a extremar estas conductas reprobables porque se construye sobre la autoridad y la jerarquía: el funcionario directivo domina sobre el subordinado, a voluntad propia o a golpe de expediente disciplinario.
La falta de códigos éticos en la Administración Pública permite estas actuaciones, ya que se tiende a proteger al funcionario directivo en detrimento del subordinado, empleando el miedo y la humillación como estrategia gestora.
Analicemos la concreción de estos argumentos en el ámbito de la Consejería de Educación. Como profesor interino en el IES José Luis Castillo Puche de Yecla, recibí del equipo directivo del mismo el cese de oficio en mis funciones debido a unos problemas de indisciplina de un grupo de alumnos, todo ello con el beneplácito verbal, según sus palabras, del inspector del centro, Jesús Gómez Gómez, hombre de dudosa imparcialidad, pues, oyendo las infamias que le proporcionaba la dirección del mismo, llegó a elaborar informes ilegales con el fin de declarar injustificadas con deducción de haberes y sanción de apercibimiento todas mis ausencias por enfermedad durante el curso escolar, a pesar de que los justificantes habían sido firmados por el director y aceptados por la propia Consejería.
Con motivo de estos hechos publiqué una carta a la directora en el diario La Opinión de Murcia, por la que fui expedientado y sancionado con cinco meses de suspensión de empleo y sueldo por lo que ellos califican atentados graves contra la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
Además de esta sanción, fui excluido de las oposiciones al profesorado de secundaria sin causa justificada y, antes de las vacaciones de verano, recibí la incoación de otro expediente disciplinario por incumplimiento de la jornada laboral en dicho instituto, en fechas en las que ya estaba cesado, es decir, la dirección del IES J. L. Castillo Puche de Yecla había elaborado un parte de faltas falso correspondiente a un mes en el que yo no estaba destinado allí y la Inspección Educativa de la Región de Murcia lo había aceptado como válido, a sabiendas de su ilegalidad, para tramitar el expediente disciplinario.
La última extorsión tuvo lugar no hace mucho. Una señorita llamó por teléfono a mi domicilio en nombre de la Consejería de Educación dándome cita para un reconocimiento médico en la clínica Asur de Jumilla, adonde debía acudir en ayunas después de mear en un tarrito de venta en farmacias.
La razón de realizar allí el reconocimiento y no en mi localidad de residencia, en Yecla, es que dicha clínica cede sus instalaciones al personal médico de la propia Consejería y, de esta forma, a ésta le sería más fácil utilizar los resultados en mi contra para cesarme en mis funciones.
Acto 6: Como represalia por la publicación de este artículo, el inspector JESÚS GÓMEZ GÓMEZ redacta el escrito que aparece a continuación el jueves 18 de diciembre de 2008, fecha que es posterior a su registro de salida, el lunes 15 de diciembre. Entrega el documento al director del IES José Martínez Ruiz "Azorín", CASIMIRO CHIRLAQUE AZORÍN, el miércoles 17 de diciembre, quien actúa como colaborador necesario, para que se lo notifique al profesor el jueves 19 a última hora de su jornada laboral, para que la noticia no se propague en el instituto, recomendándole que no aparezca por el instituto al día siguiente, viernes, coincidiendo con los festejos de las vacaciones de navidad, que el director celebra mojándose el bigote en chocolate caliente. El resto de la historia ya la conocen nuestros lectores: el puesto del profesor es ocupado por ADRIANO MUÑOZ PASCUAL, hijo de la profesora jubilada INMACULADA PASCUAL GARCÍA.
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