Ventana que sale, tras las elecciones municipales y autonómicas, cuando un docente de la Consejería de Educación de la Región de Murcia intenta acceder a su correo electrónico personal. Al pulsar ACEPTO, se acepta que la consejería y sus inspectores puedan leer el correo de los profesores y maestros para usarlos en su contra y ponerlos de patitas en la calle.
Una vez pasadas las elecciones municipales y autonómicas y consagrado el poder abosoluto de nuestro Señor y patrón RAMÓN LUIS VALCÁRCEL, por la Gracia de Dios, la Consejería de Educación de la Región de Murcia ha vuelto a las andadas en sus ataques a los derechos de sus funcionarios.
Lo primero que ha hecho ha sido descontar al personal docente unas cantidades por participar en huelgas, no se sabe si en la de junio de 2010 o en la del 29-S.
Otra novedad de importancia ha sido la injerencia en la cuenta de correo electrónico del dominio murciaeduca.es, de Google, que la Consejería ha regalado a sus funcionarios para acceder a sus mensajes y listas de contactos y así tenerlos bajo su control, vulnerando así el derecho al secreto de las comunicaciones que se supone garantiza la Constitución en todo el Estado, excepto en Murcia. Cuando uno intenta acceder a su correo electrónico a través de Google, aparece el siguiente mensaje: El administrador podrá acceder a la información de tu cuenta, incluida tu dirección de correo electrónico. Por “administrador” se entiende la Consejería y, en concreto, el inspector del centro educativo del docente, que puede utilizar la información del correo privado de sus subordinados para utilizarlos contra ellos y así ponerlos de patitas en la calle, sin más. Es como si el docente se encontrara encarcelado, privado de sus derechos, y diera su consentimiento a su carcelero (la Consejería de Educación) para abrir todas sus cartas. Por eso, no se recomienda utilizar el correo electrónico proporcionado por el Sr. Valcárcel amparado en una mayoría de votos.
Una medida similar, puesta en práctica cada curso escolar, consiste en someter al profesorado interino a un reconocimiento médico haciéndole creer que es obligatorio para declararlo no apto para la docencia. El placer que obtiene un inspector de educación cuando expulsa de su puesto de trabajo a un docente es similar al que experimentaban los nazis gaseando a personas inocentes por motivos racistas, ideológicos, religiosos o políticos. Es tan fácil como matar moscas de un palmetazo.
También se rumorea la aprobación en fechas próximas de la ley de autoridad del profesorado, que han puesto en práctica otras comunidades del PP y que refleja la debilidad de nuestro sistema educativo para mantener un mínimo de orden y disciplina en las aulas, donde se obliga a los alumnos a recibir una formación teórica hasta los 16 años de edad.
El concepto de autoridad de los funcionarios ya fue puesto en práctica por el inspector JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, descendiente de la oligarquía de Abarán que ocupó cobardemente las propiedades de los moriscos tras la Reconquista, cuando simuló haber sido agredido por un profesor y presentó en los juzgados de Yecla unas actas redactadas por él mismo sobre lo sucedido aprovechando la presunción de veracidad de sus informes y que su abogada, cuñada del jefe de estudios del IES J. L. Castillo Puche de Yecla, conocía a los jueces desde tiempo atrás.
En suma, todas estas medidas ponen en evidencia el pánico de la Consejería de “Educación” (resulta irónico su nombre) a que sus funcionarios conozcan las chapuzas que se producen en la Administración regional y que pagamos todos con nuestros impuestos.
Lo primero que ha hecho ha sido descontar al personal docente unas cantidades por participar en huelgas, no se sabe si en la de junio de 2010 o en la del 29-S.
Otra novedad de importancia ha sido la injerencia en la cuenta de correo electrónico del dominio murciaeduca.es, de Google, que la Consejería ha regalado a sus funcionarios para acceder a sus mensajes y listas de contactos y así tenerlos bajo su control, vulnerando así el derecho al secreto de las comunicaciones que se supone garantiza la Constitución en todo el Estado, excepto en Murcia. Cuando uno intenta acceder a su correo electrónico a través de Google, aparece el siguiente mensaje: El administrador podrá acceder a la información de tu cuenta, incluida tu dirección de correo electrónico. Por “administrador” se entiende la Consejería y, en concreto, el inspector del centro educativo del docente, que puede utilizar la información del correo privado de sus subordinados para utilizarlos contra ellos y así ponerlos de patitas en la calle, sin más. Es como si el docente se encontrara encarcelado, privado de sus derechos, y diera su consentimiento a su carcelero (la Consejería de Educación) para abrir todas sus cartas. Por eso, no se recomienda utilizar el correo electrónico proporcionado por el Sr. Valcárcel amparado en una mayoría de votos.
Una medida similar, puesta en práctica cada curso escolar, consiste en someter al profesorado interino a un reconocimiento médico haciéndole creer que es obligatorio para declararlo no apto para la docencia. El placer que obtiene un inspector de educación cuando expulsa de su puesto de trabajo a un docente es similar al que experimentaban los nazis gaseando a personas inocentes por motivos racistas, ideológicos, religiosos o políticos. Es tan fácil como matar moscas de un palmetazo.
También se rumorea la aprobación en fechas próximas de la ley de autoridad del profesorado, que han puesto en práctica otras comunidades del PP y que refleja la debilidad de nuestro sistema educativo para mantener un mínimo de orden y disciplina en las aulas, donde se obliga a los alumnos a recibir una formación teórica hasta los 16 años de edad.
El concepto de autoridad de los funcionarios ya fue puesto en práctica por el inspector JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, descendiente de la oligarquía de Abarán que ocupó cobardemente las propiedades de los moriscos tras la Reconquista, cuando simuló haber sido agredido por un profesor y presentó en los juzgados de Yecla unas actas redactadas por él mismo sobre lo sucedido aprovechando la presunción de veracidad de sus informes y que su abogada, cuñada del jefe de estudios del IES J. L. Castillo Puche de Yecla, conocía a los jueces desde tiempo atrás.
En suma, todas estas medidas ponen en evidencia el pánico de la Consejería de “Educación” (resulta irónico su nombre) a que sus funcionarios conozcan las chapuzas que se producen en la Administración regional y que pagamos todos con nuestros impuestos.
Lo referido a las cuentas de correo es absurdo. El mensaje es de google, que está migrando sus plataformas de google applications. Se imaginarán que si quisieran hacer algo así no les habrían mandado un mail avisando.
ResponderEliminarEl administrador conoce todas las direcciones de correo dentro del dominio y sabe a quién pertenecen. (él las crea)
El administrador puede suspender cuentas, sin embargo no puede acceder al contenido sin que se pierda irremediablemente la clave personal.
El administrador no conoce ni tiene medios para averiguar las passwords personales de cada usuario.
El administrador puede resetear las passwords pero al no conocer las contraseñas originales, no las puede reinstalar una vez reseteada.
El administrador puede exigir un cambio de clave al usuario, pero este necesita su password original para poder cambiarla.
El administrador no puede acceder a ningún servicio que requiera password sin ella; no existe una contraseña maestra ni cosa parecida.
Usen buenas contrseñas y no tendrán problemas.
El autor del comentario anterior parece un experto en informática. Nos gustaría que diese su nombre y no se amparara en el anonimato. Parece "alguien" de la Consejería. Respetamos su opinión aunque no la compartimos. Del resto de contenido no dice nada
ResponderEliminar