SOBRE LA MAESTRA AGREDIDA EN ALCANTARILLA

He leído con cierta inquietud las noticias referentes a la presunta agresión sufrida por una maestra en Alcantarilla como consecuencia de la reacción de una madre por las heridas recibidas por su hijo en el patio del colegio al chocar de forma fortuita con otro alumno. Cuando se produce este tipo de situaciones se tiende enseguida a criminalizar los hechos considerándolos a la ligera atentados contra la autoridad para que caiga todo el peso de la ley sobre el supuesto agresor y sea encarcelado. Acto seguido, es común que el funcionario agredido coja una depresión de aquí no te menees y se dé de baja una buena temporada, cobrando íntegramente su sueldo a costa de todos los contribuyentes. Es cierto que las agresiones a funcionarios están tipificadas como delitos, pero una cosa es que el acometimiento se produzca de forma fortuita y otra muy diferente es que el funcionario quiera utilizar el concepto “autoridad pública” para abusar en el ejercicio de sus funciones y perjudicar a alguien con quien tenga algún tipo de rencillas personales. No hace mucho, el inspector de educación del Altiplano, Jesús Gómez Gómez, simuló haber sido agredido por un profesor al que quería obligar a abandonar su puesto de trabajo mediante la imposición de sanciones de suspensión de empleo y sueldo, para que los hechos fueran considerados atentado contra la autoridad. El citado inspector se dirigió enseguida al médico para que certificase falsamente unas lesiones que no existían, ya que no tenía ni un rasguño. Su abogada, Clara Pérez García, cuñada del jefe de estudios del IES J. L. Castillo Puche de Yecla, se encargó de magnificar los hechos en los juzgados. Desde aquí quiero transmitir mi más firme apoyo a la madre del alumno agredido, por cuya salud nadie se ha interesado, y darle ánimos para que continúe en su lucha para que los responsables de los daños que sufrió su hijo sean castigados en instancias judiciales porque, desde luego, es evidente que la Consejería de “Educación” (resulta paradójico su nombre) no hará nada al respecto, sino encubrir la negligencia del personal que debía cuidar del bienestar de los alumnos en el recinto escolar, mediante informes inverosímiles de la inspección educativa que tratan de justificar lo injustificable.