En estos días tan señalados de reflexión sobre los hechos acaecidos en el año que acaba y de propuestas de mejora para el siguiente, sería de desear la reprobación de todos aquellos directores de centros educativos sostenidos con fondos públicos que sobresalen por su especial desprecio a las normas más elementales de convivencia con sus subordinados y administrados y, en general con toda la comunidad educativa: alumnos, padres y profesores, funcionarios de carrera o interinos.
En este sentido, es conocida la pésima actuación en el ejercicio de su cargo del director del IES José Luis Castillo Puche de Yecla, ANTONIO RODRÍGUEZ MAS, como autor de una serie de hechos despreciables denunciados ante los juzgados de esa localidad, pues este sujeto ha instalado un bidón de basura en la rampa de minusválidos de la entrada principal del instituto, a la vista de todos, dificultando así el acceso al mismo de personas con movilidad reducida; ha acusado de abusos sexuales hacia su hija a un profesor con la finalidad de que éste abandone su puesto de trabajo, aprovechando la situación de desamparo en que se halla el hombre en estos casos, situación denunciada por un magistrado sevillano hace poco; acepta los justificantes médicos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, pero no de otras autonomías; ha modificado las actas de evaluación y los partes mensuales de faltas del profesorado diez meses después de su elaboración original, mientras él no muestra reparos a la hora de marcarse una escapada al extranjero a costa de las cuentas del instituto, ausencias que no aparecen en ningún documento oficial, pero sí en la web del centro; ha expuesto en el tablón de anuncios de la sala de profesores datos confidenciales referentes a las ausencias por enfermedad del personal docente de su centro; firma la justificación personal del profesorado pero anota la falta como no justificada en el parte mensual y otros hechos similares que el personal con destino en este centro no se atreve a denunciar por miedo a perder su puesto de trabajo y que no hacen más que ensuciar el buen nombre del ilustre literato yeclano, José Luis Castillo Puche, y de su ciudad.
A la nómina de directores indeseables de la Región de Murcia parece haberse unido ahora el director del IES Francisco Salzillo de Alcantarilla, de quien se dice que incurre en frecuentes desconsideraciones hacia la comunidad educativa, acosa a las profesoras interinas de su centro mediante mensajitos a sus teléfonos móviles, obliga al alumnado a comprar las agendas que él mismo fabrica o perjudica a algunos profesores en los informes que sirven de valoración de su intachable dedicación al trabajo para las oposiciones.
Si en el caso del director del IES de Alcantarilla existe un informe de la inspección educativa donde, al menos, se da una tímida constancia de estos hechos, por el contrario, en el caso del IES J. L. Castillo Puche de Yecla, es deleznable el esfuerzo del inspector jefe del Altiplano, JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, en elaborar informes donde, con temerario desprecio a la verdad, respalda la actuación del susodicho director y ataca al profesorado denunciante con expedientes disciplinarios instruidos por inspectores que guardan con él una especial relación de sumisión y amistad, a los que dirige desde su teléfono móvil.
Es evidente que para combatir tan lamentables hechos protagonizados por funcionarios públicos que destacan por su abuso de poder en perjuicio de la sociedad en la que viven a costa de los impuestos de los contribuyentes, no se puede esperar una reacción punitiva de la Consejería de Educación, más bien sería necesaria una denuncia masiva ante los tribunales de justicia para lograr, no ya el cese de estos directores, sino su inhabilitación y, si procede, su ingreso en prisión, pues no merecen estar en una sociedad libre y democrática.
Como bien afirma el Dr. Lorenzo de Membiela, la Nueva Gestión Pública debe erigirse sobre el respeto a la dignidad de la persona y sobre una concepción horizontal en el ejercicio de potestades directivas que, mal empleadas, no divergen mucho de lo que hoy se ha convenido en llamar tortura psicológica, ampliamente estudiada por el Derecho Penal.
En este sentido, es conocida la pésima actuación en el ejercicio de su cargo del director del IES José Luis Castillo Puche de Yecla, ANTONIO RODRÍGUEZ MAS, como autor de una serie de hechos despreciables denunciados ante los juzgados de esa localidad, pues este sujeto ha instalado un bidón de basura en la rampa de minusválidos de la entrada principal del instituto, a la vista de todos, dificultando así el acceso al mismo de personas con movilidad reducida; ha acusado de abusos sexuales hacia su hija a un profesor con la finalidad de que éste abandone su puesto de trabajo, aprovechando la situación de desamparo en que se halla el hombre en estos casos, situación denunciada por un magistrado sevillano hace poco; acepta los justificantes médicos de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, pero no de otras autonomías; ha modificado las actas de evaluación y los partes mensuales de faltas del profesorado diez meses después de su elaboración original, mientras él no muestra reparos a la hora de marcarse una escapada al extranjero a costa de las cuentas del instituto, ausencias que no aparecen en ningún documento oficial, pero sí en la web del centro; ha expuesto en el tablón de anuncios de la sala de profesores datos confidenciales referentes a las ausencias por enfermedad del personal docente de su centro; firma la justificación personal del profesorado pero anota la falta como no justificada en el parte mensual y otros hechos similares que el personal con destino en este centro no se atreve a denunciar por miedo a perder su puesto de trabajo y que no hacen más que ensuciar el buen nombre del ilustre literato yeclano, José Luis Castillo Puche, y de su ciudad.
A la nómina de directores indeseables de la Región de Murcia parece haberse unido ahora el director del IES Francisco Salzillo de Alcantarilla, de quien se dice que incurre en frecuentes desconsideraciones hacia la comunidad educativa, acosa a las profesoras interinas de su centro mediante mensajitos a sus teléfonos móviles, obliga al alumnado a comprar las agendas que él mismo fabrica o perjudica a algunos profesores en los informes que sirven de valoración de su intachable dedicación al trabajo para las oposiciones.
Si en el caso del director del IES de Alcantarilla existe un informe de la inspección educativa donde, al menos, se da una tímida constancia de estos hechos, por el contrario, en el caso del IES J. L. Castillo Puche de Yecla, es deleznable el esfuerzo del inspector jefe del Altiplano, JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, en elaborar informes donde, con temerario desprecio a la verdad, respalda la actuación del susodicho director y ataca al profesorado denunciante con expedientes disciplinarios instruidos por inspectores que guardan con él una especial relación de sumisión y amistad, a los que dirige desde su teléfono móvil.
Es evidente que para combatir tan lamentables hechos protagonizados por funcionarios públicos que destacan por su abuso de poder en perjuicio de la sociedad en la que viven a costa de los impuestos de los contribuyentes, no se puede esperar una reacción punitiva de la Consejería de Educación, más bien sería necesaria una denuncia masiva ante los tribunales de justicia para lograr, no ya el cese de estos directores, sino su inhabilitación y, si procede, su ingreso en prisión, pues no merecen estar en una sociedad libre y democrática.
Como bien afirma el Dr. Lorenzo de Membiela, la Nueva Gestión Pública debe erigirse sobre el respeto a la dignidad de la persona y sobre una concepción horizontal en el ejercicio de potestades directivas que, mal empleadas, no divergen mucho de lo que hoy se ha convenido en llamar tortura psicológica, ampliamente estudiada por el Derecho Penal.
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