Si lamentable ha sido la agresión sufrida por el Consejero de Cultura a las puertas de su domicilio, no menos despreciable ha sido la reacción de los dirigentes de su partido, Rajoy y Cospedal, al intentar sacar provecho electoral del asunto culpando de lo sucedido al Ministerio del Interior y al gobierno estatal del PSOE.
Dejando aparte la discusión sobre si el consejero era sobrino o primo de Valcárcel o de su mujer, este episodio ha servido para poner de manifiesto la corrupción existente en la Administración regional en la gestión de los fondos públicos y en la obtención de un puesto de trabajo por enchufe, mientras se obliga a la población activa a trabajar hasta casi los 70 años de edad y aumenta el paro entre los jóvenes, a los que ya se conoce como la generación “ni-ni”, porque ni estudian ni trabajan.
Una de las situaciones más conflictivas suscitadas en la administración pública regional la constituye el acoso laboral ejercido a los funcionarios mediante la imposición de sanciones desproporcionadas de suspensión de empleo y sueldo, a sabiendas de su injusticia, para obligar al funcionario a abandonar su puesto de trabajo. Hasta ahora, el acoso laboral no se ha considerado delito y las penas que se imponen son mínimas comparadas con el perjuicio que se ocasiona a los funcionarios y a sus familias. De ello pueden dar buena fe las consejerías de educación y sanidad, donde son multitud los funcionarios expedientados con motivo de rencillas personales con sus superiores. A los funcionarios no les queda otra opción que acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para sacudirse las sanciones, donde, casualidades de la vida, ejerce como magistrada la esposa del Consejero de Educación, Constantino Sotoca.
El IES J. L. Castillo Puche de Yecla se ha hecho famoso por la conflictividad laboral promovida por su director, ANTONIO RODRÍGUEZ MAS: para quitar de enmedio a un profesor, no se le ocurrió otra cosa que denunciarlo por abusar de su hija, menor de edad. El profesor fue detenido por la policía y obligado a permanecer de baja durante todo el curso escolar, a partir del mes de noviembre, con el coste económico que ello conlleva, y luego a cambiar de instituto, en una operación dirigida por el inspector de educación JESÚS GÓMEZ GÓMEZ. En otra ocasión, el Sr. Rodríguez Mas modificó el parte mensual de faltas del profesorado y las actas de evaluación de su centro para acusar a un profesor de no evaluar en septiembre a cursos que no eran suyos o a otros cuyos alumnos lo aprobaron todo en junio. La finalidad de esta manipulación era expedientar al referido profesor para que su puesto en el otro instituto de Yecla, el IES José Martínez Ruiz “Azorín”, fuera ocupado por el hijo de una profesora jubilada del mismo vinculada al PP, Adriano Muñoz Pascual, que hacía poco había terminado su licenciatura y se encontraba en paro realizando la tesis doctoral, el cual obtuvo una elevada calificación en las oposiciones de griego y casi le dan la plaza por su cara bonita. Para llevar a cabo sus siniestras maquinaciones, el Sr. Rodríguez Mas utiliza a la abogada CLARA PÉREZ GARCÍA, “cuñadísima” del jefe de estudios de su instituto, que, al parecer, goza de buena reputación y credibilidad en los juzgados de Yecla y sueña con un puesto en la administración regional defendiendo al inspector JESÚS GÓMEZ de una agresión ficticia que simuló haber recibido por parte de un profesor al que había expedientado durante ¡23 meses! por escribir frases como ésta: hecho a partir del cual el citado profesor permaneció de baja… El inspector se dirigió al hospital a pesar de no tener ni un rasguño, donde el médico de urgencia elaboró un parte falso de lesiones con todo lo que él le decía, luego se fue a los juzgados con su abogada a formular la querella sin mencionar nada de su abuso de autoridad para no ser descubierto, donde creyeron su versión a pie juntillas.
Si existe algún incrédulo de todos estos hechos, puede dirigirse a los juzgados de Yecla, donde han sido denunciados.
