Dejamos aquí el enlace de la noticia de cargas policiales contra estudiantes ante la Consejería de Educación en Murcia que protestaban por el desconocimiento y el retraso de la publicación de las nuevas normas de las pruebas de acceso a la Universidad. Una forma más de reprimir la libertad de expresión.
En plena crisis alimentaria, agravada por la sequía y el aumento desmesurado del coste de la vida, la Consejería de Educación de Murcia ha realizado una amplia convocatoria extraordinaria para cubrir, en régimen de interinidad, plazas de profesores y maestros en colegios e institutos de la Región.
Sería necesario reflexionar, siquiera someramente, sobre las causas que han originado el agotamiento de las listas de interinidad de profesores. En primer lugar, la precariedad de las plazas ofertadas, muchas veces inferiores a la media jornada, lo que no cubre los gastos mínimos de manutención y desplazamiento, a lo que hay que añadir la escasa disponibilidad de jóvenes titulados universitarios para trabajar fuera de casa con el inconveniente que implica el alquiler de una vivienda digna.
A ello habría que añadir la especial singularidad de la citada Consejería de Educación: el profesorado interino se enfrenta a duras sanciones de suspensión de empleo y sueldo por la aplicación arbitraria de lo que ellos llaman “régimen disciplinario de los funcionarios”, que los consejeros incumplen con descaro. Ante un interino expedientado, los jueces de lo contencioso fallan siempre a favor de la citada Consejería para evitar indemnizaciones, un fenómeno que Puigdemont y los suyos califican de ‘lawfare’, pero que más bien habría que calificar de pura desvergüenza. En localidades aisladas como Yecla, donde el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta y existe Comisaría de Policía y juzgados, es frecuente ver a profesores interinos desfilando por los juzgados como consecuencia de denuncias arbitrarias formuladas contra ellos por los directores de los institutos, que actúan como una especie de ‘patrón’ ante los jueces haciendo valer su versión de los hechos con sólo su palabra, por las razones antes mencionadas.
En una ocasión, el director del IES J. L. Castillo Puche denunció a un profesor por haber abusado de su hija y, ante el éxito obtenido, llegó a modificar y falsear los partes de faltas del profesorado para acusar a otro interino de faltar de forma injustificada a su puesto de trabajo cuando le había sido asignada una plaza en la Comunidad Valenciana. El director del IES Azorín aprovechó la sanción de suspensión de empleo y sueldo impuesta injustamente a este profesor para colocar en su puesto de trabajo al hijo de una profesora jubilada. En otra ocasión, el inspector del instituto, haciéndose pasar por ‘funcionario de carrera’ denunció ante la policía y los juzgados, con el apoyo de su abogada, familiar del equipo directivo del instituto, haber sido agredido por un profesor para imponerle, siete años después, otra sanción de suspensión de empleo y sueldo sin tener éste la condición de funcionario cuando los hechos, además, habían prescrito.
Como punto final de esta reflexión, habría que resaltar el hecho de que la citada Consejería suele estar dirigida por “personajes” que en el pasado han sido investigados por la justicia pero que han salido airosos de los procesos judiciales incoados contra ellos: Pedro Antonio Sánchez, Adela Martínez, etc. No en vano, los jueces a veces son nombrados por el Partido Popular por una mayoría que se niega a su renovación democrática. Sin duda, los consejeros de educación murcianos son un ejemplo a seguir por alumnos y profesores y sus familias.
