SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS EN EL MARCO EDUCATIVO

Escrito redactado por el inspector JESÚS GÓMEZ GÓMEZ y firmado por el entonces director del IES J. L. Castillo Puche, Antonio Rodríguez Mas, donde reconoce que en el tablón de anuncios de la sala de profesores estuvo expuesto un escrito donde se revelaban datos personales de un profesor relativos a cuatro ausencias por enfermedad no superior a tres días. El inspector es tan imbécil que reconoce que dicho incidente se produjo como represalia por la publicación de una carta en el diario La Opinión, el 3 de junio de 2007, que incluso envía como documentación adjunta. Por lo tanto, el escrito estuvo expuesto varios días a partir del martes 5 de junio, hasta que fue retirado por el actual director, JOSÉ ANTONIO ORTEGA. Como en otras ocasiones, la actuación del inspector no puede ser más cobarde, ya que la responsabilidad de lo que pueda ocurrir recae sobre el director, Antonio Rodríguez Mas, que es la persona firmante, no el redactor del escrito. El inspector escribe pero no da la cara jamás. La actuación del director y del inspector, que lo protege, viola el art. 4 de la Orden de 15 de octubre de 1996 de la Consejería de Presidencia de la Región de Murcia sobre el modo de justificación por el personal al servicio de la Administración Regional de las ausencias del puesto de trabajo por motivos de enfermedad:

EL ACCESO A LOS DATOS QUE SE INDICAN EN EL PARTE DE NOTIFICACIÓN INTERNA ESTARÁ RESTRINGIDO EXCLUSIVAMENTE AL PERSONAL SANITARIO ADSCRITO A LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, QUEDANDO EXPRESAMENTE PROHIBIDO EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA USOS DISTINTOS DE LOS EXPUESTOS EN ESTA ORDEN.

Este artículo apareció en la prensa con algunas palabras suprimidas, que han sido editadas en negrita. El inspector JESÚS GÓMEZ GÓMEZ aprovechaba la publicación de estos artículos para suspender de empleo y sueldo a sus autores. Posteriormente, el susodicho inspector llegó a denunciar que había sido amenazado e incluso agredido.

De nuevo, los medios de comunicación recogen la noticia de la existencia, en los contenedores de basura instalados en la vía pública, de documentos con datos personales de alumnos depositados allí por descuido de alguna persona, ya sea profesor, director o el personal del servicio de limpieza. No es la primera vez que esto sucede, ni tampoco será la última, en un país descuidado con la protección de los datos personales, donde cada día se airea la vida privada de los famosos. La protección de datos personales en el marco educativo no sólo afecta a los datos que de los alumnos puedan tener los profesores, sino también a los datos que sobre los propios funcionarios docentes poseen los equipos directivos de colegios e institutos y aun la propia consejería. En este punto se me viene a la mente un episodio acaecido no hace mucho en el IES J. L. Castillo Puche de Yecla, cuando el entonces director, ANTONIO RODRÍGUEZ MAS, publicó en el tablón de anuncios de la sala de profesores un escrito redactado por el jefe de estudios, EMILIO PINA CORONADO, de cinco folios de extensión, donde daba todo lujo de detalles sobre cada una de las cuatro veces que un profesor, con el que mantenía rencillas personales, había faltado por enfermedad no superior a tres días, indicando la documentación presentada al efecto y las causas por las que no admitía la justificación, a pesar de que él mismo había firmado y sellado el parte de notificación interna presentado por el profesor. Al parecer, el director sólo admitía los justificantes médicos de la Región de Murcia y de la Comunidad Valenciana y Castilla la Mancha, pero no de otras comunidades autónomas más distantes, como Andalucía. Este episodio sucedió en las propias narices del inspector, JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, que no hizo nada para evitar tal atropello, incluso reconoció ante la Agencia Estatal de Protección de Datos que el documento había sido expuesto en el tablón de anuncios.
Por su parte, la Consejería de Educación de la Región de Murcia publica cada año una orden en materia de recursos humanos que obliga al personal docente interino a someterse a un reconocimiento médico por si, a juicio de la inspección médica, el funcionario padece alguna enfermedad incompatible con la docencia. No especifica la finalidad de estos reconocimientos, pero puede uno suponer que es acceder a los datos sanitarios del funcionario con el objetivo de expulsarlo de su puesto de trabajo, si así lo estima la inspección médica. El procedimiento empleado es el siguiente: el funcionario interino recibe una llamada telefónica en la que una voz anónima de mujer le habla en nombre de la consejería de educación y le da cita para un reconocimiento médico en un centro cuyo nombre deletrea a continuación: A de Andalucía, S de Sevilla, etc., haciéndole saber que debe acudir en ayunas después de mear en un tarrito de venta en farmacias. Por lo tanto, desde aquí hago un llamamiento a los interinos docentes de la Región de Murcia para que no se sometan a estos reconocimientos médicos organizados por la consejería mediante llamadas anónimas, si quieren conservar su puesto de trabajo, amparándose en el derecho constitucional a no declarar contra sí mismos.
En fin, mucho camino queda por recorrer para garantizar la protección de la intimidad de las personas y de los derechos inviolables que le son inherentes. El sindicato de docentes SIDI organiza cada año unos cursos al respecto, ya que desde la propia administración la protección de datos personales deja mucho que desear.