He recibido con gran satisfacción la convocatoria de una nueva manifestación para el 17 de mayo contra los recortes que el Sr. Valcárcel ha impuesto a los funcionarios de la Región de Murcia. Se lo tiene bien merecido. Es la respuesta a largos años de acoso al personal docente y sanitario de la Región, en especial a los interinos.
Nada más llegar al poder, lo primero que hizo el Sr. Valcárcel fue inundar la Administración de ineptos cuyo único requisito exigible era poseer el carnet del PP. Luego, en 2001, dio una patada a la Constitución y aprobó una ley regional de la función pública basada en la ley de funcionarios civiles del franquismo, hoy derogada casi en su totalidad por el Estatuto Básico del Empleado Público, que contemplaba la posibilidad de eliminar de un plumazo al funcionario interino por lo que llaman “falta de rendimiento”, una trampa que ha servido, en la práctica, para poner en la calle a decenas de interinos contrarios al régimen del PP. En esta misma línea de acoso, la actual ley de recortes establecía la eliminación de cualquier funcionario al antojo de la clase dominante. A lo mejor el Sr. Valcárcel pretendía hacer una purga entre los funcionarios de la Región y dejar en su puesto sólo a quienes le saluden, brazo en alto, cantando el “cara al sol”.
Otra forma de extorsión a los interinos por parte de la Administración regional consiste en someterlos a un reconocimiento médico, después de hacerles mear en ayunas en un tarrito, haciéndoles creer que es obligatorio, para luego cesarlos en su puesto de trabajo a partir de los resultados de un test psicológico que un psiquiatra concertado con el PP interpreta de forma maliciosa en contra del funcionario. A veces hasta los jueces caen en el engaño. Frente a estos atropellos, nadie protestó en su momento, pero la paciencia tiene su límite.
Tampoco el acceso a la función pública docente está exento de corrupción en la Región de Murcia. Por ejemplo, el inspector de educación Jesús Gómez expulsó a un profesor del IES Azorín de Yecla para que el director colocase en su puesto al hijo de una profesora jubilada del mismo. Así todo queda en casa. De tal palo, tal astilla. La expulsión se debió a la modificación de unos partes de faltas y unas actas de evaluación que el director del otro instituto de Yecla, el IES J. L. Castillo Puche, había llevado a cabo diez meses después de su redacción original, para acusar a dicho profesor de no evaluar en septiembre a unos cursos que no eran suyos o a otros cuyos alumnos lo aprobaron todo en junio. Así como suena. Esto recuerda la época de plenitud de Juan Guerra. Hacía tiempo que ambos directores estaban acosando a dicho profesor por la justificación de sus faltas, cosa que no hacían con los demás profesores, en especial los que prolongan sus bajas laborales durante largos períodos de tiempo. Y ¿quién vigila las ausencias de los directores de instituto? Otro profesor del IES J. L. Castillo Puche de Yecla fue denunciado por el director por supuestos abusos hacia su hija, para que fuera detenido y obligarlo, luego, a permanecer de baja todo el curso escolar y a cambiar de centro al año siguiente, en connivencia con el inspector del Altiplano, el ya mencionado Jesús Gómez.
En definitiva, las protestas de los funcionarios son la culminación de una larga serie de despropósitos y atropellos que el Sr. Valcárcel ha ido cometiendo con los funcionarios regionales amparado en una mayoría de votos, pero las cosas no siempre salen como a uno le gustaría que salieran.
Nada más llegar al poder, lo primero que hizo el Sr. Valcárcel fue inundar la Administración de ineptos cuyo único requisito exigible era poseer el carnet del PP. Luego, en 2001, dio una patada a la Constitución y aprobó una ley regional de la función pública basada en la ley de funcionarios civiles del franquismo, hoy derogada casi en su totalidad por el Estatuto Básico del Empleado Público, que contemplaba la posibilidad de eliminar de un plumazo al funcionario interino por lo que llaman “falta de rendimiento”, una trampa que ha servido, en la práctica, para poner en la calle a decenas de interinos contrarios al régimen del PP. En esta misma línea de acoso, la actual ley de recortes establecía la eliminación de cualquier funcionario al antojo de la clase dominante. A lo mejor el Sr. Valcárcel pretendía hacer una purga entre los funcionarios de la Región y dejar en su puesto sólo a quienes le saluden, brazo en alto, cantando el “cara al sol”.
Otra forma de extorsión a los interinos por parte de la Administración regional consiste en someterlos a un reconocimiento médico, después de hacerles mear en ayunas en un tarrito, haciéndoles creer que es obligatorio, para luego cesarlos en su puesto de trabajo a partir de los resultados de un test psicológico que un psiquiatra concertado con el PP interpreta de forma maliciosa en contra del funcionario. A veces hasta los jueces caen en el engaño. Frente a estos atropellos, nadie protestó en su momento, pero la paciencia tiene su límite.
Tampoco el acceso a la función pública docente está exento de corrupción en la Región de Murcia. Por ejemplo, el inspector de educación Jesús Gómez expulsó a un profesor del IES Azorín de Yecla para que el director colocase en su puesto al hijo de una profesora jubilada del mismo. Así todo queda en casa. De tal palo, tal astilla. La expulsión se debió a la modificación de unos partes de faltas y unas actas de evaluación que el director del otro instituto de Yecla, el IES J. L. Castillo Puche, había llevado a cabo diez meses después de su redacción original, para acusar a dicho profesor de no evaluar en septiembre a unos cursos que no eran suyos o a otros cuyos alumnos lo aprobaron todo en junio. Así como suena. Esto recuerda la época de plenitud de Juan Guerra. Hacía tiempo que ambos directores estaban acosando a dicho profesor por la justificación de sus faltas, cosa que no hacían con los demás profesores, en especial los que prolongan sus bajas laborales durante largos períodos de tiempo. Y ¿quién vigila las ausencias de los directores de instituto? Otro profesor del IES J. L. Castillo Puche de Yecla fue denunciado por el director por supuestos abusos hacia su hija, para que fuera detenido y obligarlo, luego, a permanecer de baja todo el curso escolar y a cambiar de centro al año siguiente, en connivencia con el inspector del Altiplano, el ya mencionado Jesús Gómez.
En definitiva, las protestas de los funcionarios son la culminación de una larga serie de despropósitos y atropellos que el Sr. Valcárcel ha ido cometiendo con los funcionarios regionales amparado en una mayoría de votos, pero las cosas no siempre salen como a uno le gustaría que salieran.
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