Aunque no estamos en Egipto, la presencia de decenas de miles de funcionarios en la calle en defensa de sus intereses evidencia la desazón de una sociedad harta de los excesos del gobierno dictatorial del PP amparado en una mayoría de votos. Analizando bien el problema habría que detenerse a reflexionar sobre el momento en que se producen los recortes y las protestas de los funcionarios, ante la proximidad de las elecciones de mayo. ¿Por qué el gobierno de la nación no ha exigido antes a las autonomías un mayor control del gasto público? ¿Es que se quieren aprovechar las protestas de los funcionarios con fines electorales? Por su parte, algunas organizaciones sindicales han llegado a un acuerdo con el gobierno regional, pero los sindicatos mayoritarios no. ¿Es que les interesa mantener las protestas en la calle?
Sea como fuere, uno de los aspectos que más derroche de dinero ocasiona a la Administración regional y, en concreto, a las Consejerías de Educación y Sanidad, es el acoso laboral, que hasta ahora no ha sido considerado delito. Analicemos lo sucedido en los últimos años en el IES J. L. Castillo Puche de Yecla, con el consiguiente gasto económico motivado por rencillas personales entre su director, Antonio Rodríguez Mas, y el profesorado de su centro. En una ocasión, el Sr. Rodríguez Mas, en connivencia con el inspector Jesús Gómez Gómez, apartó de la docencia a un profesor de música porque no aprobaba su método didáctico y sus horas fueron cubiertas por otros compañeros del departamento, pero el profesor seguía cobrando su sueldo sin trabajar. Otra vez, el director denunció a otro profesor por supuestos abusos sexuales hacia su hija, menor de edad, para que fuera detenido por la policía y obligado a permanecer de baja todo el curso escolar a partir de noviembre, con lo que la administración tuvo que costear su baja y el sueldo de la sustituta. Por si todo esto fuera poco, el Sr. Rodríguez Mas modificó, diez meses más tarde, un parte de faltas y unas actas de evaluación para acusar a un profesor de no evaluar en septiembre a unos cursos que no eran suyos o a otros cuyos alumnos lo aprobaron todo en junio, para que fuera suspendido de empleo y sueldo y su puesto en el otro instituto de Yecla ocupado por el hijo de una profesora jubilada del mismo, Adriano Muñoz Pascual, simpatizante del PP, así todo queda en casa. Se dice que Adriano aprovecha su condición de profesor para acosar, cual sátiro, a sus alumnas, menores de edad, en sus salidas nocturnas por los locales de ocio en Yecla, con frases como: Ahora que no somos profesor y alumna… (puntos suspensivos). Por su parte, el inspector Jesús Gómez, no le va en zaga al director en cobardía y chapuzas. Hace poco, simuló haber sido agredido por un profesor para que la denuncia fuera tramitada como atentado a la autoridad, con la ayuda de su abogada, Clara Pérez García, “cuñadísima” del jefe de estudios del IES J. L. Castillo Puche de Yecla.
En definitiva, la falta de códigos éticos en nuestras administraciones públicas tolera este tipo de actuaciones cobardes que se construyen sobre la autoridad y la jerarquía, creando situaciones asimétricas de poder: dominación del funcionario directivo sobre su subordinado, a voluntad propia o a golpe de expediente disciplinario.
Sea como fuere, uno de los aspectos que más derroche de dinero ocasiona a la Administración regional y, en concreto, a las Consejerías de Educación y Sanidad, es el acoso laboral, que hasta ahora no ha sido considerado delito. Analicemos lo sucedido en los últimos años en el IES J. L. Castillo Puche de Yecla, con el consiguiente gasto económico motivado por rencillas personales entre su director, Antonio Rodríguez Mas, y el profesorado de su centro. En una ocasión, el Sr. Rodríguez Mas, en connivencia con el inspector Jesús Gómez Gómez, apartó de la docencia a un profesor de música porque no aprobaba su método didáctico y sus horas fueron cubiertas por otros compañeros del departamento, pero el profesor seguía cobrando su sueldo sin trabajar. Otra vez, el director denunció a otro profesor por supuestos abusos sexuales hacia su hija, menor de edad, para que fuera detenido por la policía y obligado a permanecer de baja todo el curso escolar a partir de noviembre, con lo que la administración tuvo que costear su baja y el sueldo de la sustituta. Por si todo esto fuera poco, el Sr. Rodríguez Mas modificó, diez meses más tarde, un parte de faltas y unas actas de evaluación para acusar a un profesor de no evaluar en septiembre a unos cursos que no eran suyos o a otros cuyos alumnos lo aprobaron todo en junio, para que fuera suspendido de empleo y sueldo y su puesto en el otro instituto de Yecla ocupado por el hijo de una profesora jubilada del mismo, Adriano Muñoz Pascual, simpatizante del PP, así todo queda en casa. Se dice que Adriano aprovecha su condición de profesor para acosar, cual sátiro, a sus alumnas, menores de edad, en sus salidas nocturnas por los locales de ocio en Yecla, con frases como: Ahora que no somos profesor y alumna… (puntos suspensivos). Por su parte, el inspector Jesús Gómez, no le va en zaga al director en cobardía y chapuzas. Hace poco, simuló haber sido agredido por un profesor para que la denuncia fuera tramitada como atentado a la autoridad, con la ayuda de su abogada, Clara Pérez García, “cuñadísima” del jefe de estudios del IES J. L. Castillo Puche de Yecla.
En definitiva, la falta de códigos éticos en nuestras administraciones públicas tolera este tipo de actuaciones cobardes que se construyen sobre la autoridad y la jerarquía, creando situaciones asimétricas de poder: dominación del funcionario directivo sobre su subordinado, a voluntad propia o a golpe de expediente disciplinario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario