Por increíble que parezca y a pesar de ser uno de los mayores logros de la democracia la audiencia al interesado, la Consejería de Educación afirma no haber recibido alegaciones de los ciudadanos en aquellos procedimientos administrativos donde quiere transgredir la ley. Principalmente dos: deducción de haberes en nómina al profesorado y expedientes disciplinarios. Dos procedimientos en los que interviene como parte actuante el inspector del Altiplano, JESÚS GÓMEZ GÓMEZ.
En cuanto a la deducción de haberes en nómina por incumplimiento de la jornada de trabajo, el citado inspector procede a declarar injustificadas las ausencias del profesorado con el que tenga un sentimiento de animadversión o enemistad, incluso un año después de que los justificantes de dichas ausencias hayan sido firmados por el director del instituto autorizando la ausencia. Todo consiste en poner una cruz en unos cuadraditos y ya está. El Director General de Recursos Humanos concede un plazo de diez días HÁBILES, es decir, excluyendo los festivos, para presentar alegaciones, pero el concepto de ‘hábiles’ no se respeta jamás y la Resolución que pone fin al procedimiento administrativo se dicta en el propio período de alegaciones confundiendo al interesado enviándole la sanción de otro funcionario y manifestando que no ha presentado alegaciones, lo cual sólo es posible mediante la manipulación del Registro de entrada de documentos de la Consejería.
Peor aún es la actuación de este inspector en la tramitación de los expedientes disciplinarios. Nombra instructor a un inspector con el que guarde una relación de amistad al que maneja como una marioneta. Hace lo que él dice y si tiene alguna duda lo telefonea casi en presencia del expedientado. Como Jesús Gómez padece una deficiencia auditiva, el instructor del expediente se ve obligado a dar grandes voces, de forma que todos los allí presentes son testigos de sus palabras y de sus siniestras maquinaciones. De la misma forma que en el caso anterior, a pesar de presentar el interesado sus alegaciones en plazo, afirma que no existen tales alegaciones si no son de su agrado, una actitud impropia de un cargo público sostenido con los impuestos de todos. Su falta preferida es el atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración, que repite hasta en seis ocasiones en el mismo expediente. No reconoce nunca sus errores. Considera falta grave la publicación de hechos contrarios a la ley protagonizados por él mismo o por su amiguete el director del IES J. L. Castillo Puche, que falsificó impunemente unos partes de faltas y actas de evaluación para acusar al profesor de incumplir el horario de trabajo, entre otras fechorías. Es increíble que la Consejería de Educación tienda a protegerlo y a encubrir sus actividades delictivas.
En cuanto a la deducción de haberes en nómina por incumplimiento de la jornada de trabajo, el citado inspector procede a declarar injustificadas las ausencias del profesorado con el que tenga un sentimiento de animadversión o enemistad, incluso un año después de que los justificantes de dichas ausencias hayan sido firmados por el director del instituto autorizando la ausencia. Todo consiste en poner una cruz en unos cuadraditos y ya está. El Director General de Recursos Humanos concede un plazo de diez días HÁBILES, es decir, excluyendo los festivos, para presentar alegaciones, pero el concepto de ‘hábiles’ no se respeta jamás y la Resolución que pone fin al procedimiento administrativo se dicta en el propio período de alegaciones confundiendo al interesado enviándole la sanción de otro funcionario y manifestando que no ha presentado alegaciones, lo cual sólo es posible mediante la manipulación del Registro de entrada de documentos de la Consejería.
Peor aún es la actuación de este inspector en la tramitación de los expedientes disciplinarios. Nombra instructor a un inspector con el que guarde una relación de amistad al que maneja como una marioneta. Hace lo que él dice y si tiene alguna duda lo telefonea casi en presencia del expedientado. Como Jesús Gómez padece una deficiencia auditiva, el instructor del expediente se ve obligado a dar grandes voces, de forma que todos los allí presentes son testigos de sus palabras y de sus siniestras maquinaciones. De la misma forma que en el caso anterior, a pesar de presentar el interesado sus alegaciones en plazo, afirma que no existen tales alegaciones si no son de su agrado, una actitud impropia de un cargo público sostenido con los impuestos de todos. Su falta preferida es el atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración, que repite hasta en seis ocasiones en el mismo expediente. No reconoce nunca sus errores. Considera falta grave la publicación de hechos contrarios a la ley protagonizados por él mismo o por su amiguete el director del IES J. L. Castillo Puche, que falsificó impunemente unos partes de faltas y actas de evaluación para acusar al profesor de incumplir el horario de trabajo, entre otras fechorías. Es increíble que la Consejería de Educación tienda a protegerlo y a encubrir sus actividades delictivas.
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