El ideal de transparencia, eficacia y legalidad que debe presidir el funcionamiento de toda Administración Pública se quiebra en materia de recursos humanos en la actuación de la Consejería de Educación respecto al personal a su servicio.
Durante el curso pasado fui sancionado con CINCO MESES de suspensión de empleo y sueldo por publicar un artículo en LA OPINIÓN contrario al cese en sus funciones del profesorado con destino en el IES J. L. Castillo Puche de Yecla que caiga en el punto de mira de su director, con el beneplácito verbal del inspector de zona. El último caso fue un profesor obligado a permanecer de baja todo el curso y a cambiar de centro porque el director lo acusó de abusos sexuales hacia su hija.
Esta sanción fue continuada por otra más de 45 días de suspensión de empleo y sueldo como consecuencia de unos partes de faltas y unas actas de evaluación que el director del IES J. L. Castillo Puche había falsificado para acusarme de faltar de forma injustificada en su centro cuando tenía plaza en otro instituto de la misma localidad.
Durante los CINCO MESES y 45 DÍAS que duró la sanción, mi puesto en el IES Azorín de Yecla fue “ocupado” por el hijo de una profesora jubilada del mismo centro, enchufado a través del SEF con el beneplácito verbal del inspector de zona y, así, todo queda en casa. Además ni tan siquiera me facilitaron el certificado de empresa para solicitar el subsidio de desempleo.
La razón por la que la Consejería de Educación respalda la actuación delictiva de los directores puede obedecer a razones políticas, pues ambos deben ser amiguetes del alcalde de Yecla, que ocupa un puesto de relevancia en el PP regional, y quedaría muy mal visto por la población que el alcalde de Yecla fuese amigo de delincuentes: de un director de instituto que falsifica documentos (entre ellos la firma del jefe de estudios y concejal del PSOE) y de otro que enchufa en su centro al hijo de una profesora jubilada, quizás también del PP, sobre todo teniendo en cuenta las inversiones en infraestructuras que el Ayuntamiento de Yecla realiza en los institutos, ampliamente difundidas en la prensa local, a modo de escaparate del PP regional. En política no sólo se debe ser honrado, sino que, además, hay que parecerlo.
Otra jugada sucia de la Consejería de Educación tiene lugar en los juicios sobre sanciones de suspensión de funciones del profesorado, el mío tendrá lugar el 23 de septiembre, adonde se dice que acude a declarar el Subinspector Jefe y Subdirector General de Personal de la Consejería, ANDRÉS NORTES NAVARRO, con la intención de mentir al juez y conseguir una sentencia favorable a sus intereses. Además, ha introducido como novedad en la orden en materia de recursos humanos para el próximo curso escolar la pérdida del puesto de trabajo, que pretende aplicar con carácter retroactivo, del profesorado interino que sea sancionado durante seis meses o más con suspensión de empleo y sueldo por acumulación de sanciones y obliga a los directores de los institutos a hacer lo mismo que el del IES J. L. Castillo Puche: anotar en el parte de faltas de sus centros las ausencias de los profesores que tienen destino en otro instituto. En el tema de las faltas resulta curioso el proceder de los directores: a ellos nadie controla su asistencia pero consiguen que el inspector del Altiplano declare injustificadas con deducción de haberes las faltas por enfermedad del profesorado que habían sido justificadas por el servicio de salud de otra comunidad autónoma, aunque para pedir agua, el presidente Valcárcel no duda en acudir sin éxito a otras autonomías.
Por último, una nueva jugada sucia de la Administración regional tiene lugar con motivo de los reconocimientos médicos a los funcionarios interinos: a partir de una prueba psicológica consistente en la realización de un test, se declara al funcionario “apto con limitaciones” con el fin de destruir a la persona en su dimensión laboral y conseguir así su expulsión del centro de trabajo. Habría que averiguar también el contenido de la vacuna contra la gripe A que se pretende administrar al profesorado interino, en una estrategia de extorsión que se ha convenido en denominar mobbing o acoso laboral y que recuerda a regímenes totalitarios del siglo pasado que acabaron en la basura como el nazismo o el estalinismo: se exterminaba a la población en cámaras de gas haciéndoles creer que iban a la ducha.
Durante el curso pasado fui sancionado con CINCO MESES de suspensión de empleo y sueldo por publicar un artículo en LA OPINIÓN contrario al cese en sus funciones del profesorado con destino en el IES J. L. Castillo Puche de Yecla que caiga en el punto de mira de su director, con el beneplácito verbal del inspector de zona. El último caso fue un profesor obligado a permanecer de baja todo el curso y a cambiar de centro porque el director lo acusó de abusos sexuales hacia su hija.
Esta sanción fue continuada por otra más de 45 días de suspensión de empleo y sueldo como consecuencia de unos partes de faltas y unas actas de evaluación que el director del IES J. L. Castillo Puche había falsificado para acusarme de faltar de forma injustificada en su centro cuando tenía plaza en otro instituto de la misma localidad.
Durante los CINCO MESES y 45 DÍAS que duró la sanción, mi puesto en el IES Azorín de Yecla fue “ocupado” por el hijo de una profesora jubilada del mismo centro, enchufado a través del SEF con el beneplácito verbal del inspector de zona y, así, todo queda en casa. Además ni tan siquiera me facilitaron el certificado de empresa para solicitar el subsidio de desempleo.
La razón por la que la Consejería de Educación respalda la actuación delictiva de los directores puede obedecer a razones políticas, pues ambos deben ser amiguetes del alcalde de Yecla, que ocupa un puesto de relevancia en el PP regional, y quedaría muy mal visto por la población que el alcalde de Yecla fuese amigo de delincuentes: de un director de instituto que falsifica documentos (entre ellos la firma del jefe de estudios y concejal del PSOE) y de otro que enchufa en su centro al hijo de una profesora jubilada, quizás también del PP, sobre todo teniendo en cuenta las inversiones en infraestructuras que el Ayuntamiento de Yecla realiza en los institutos, ampliamente difundidas en la prensa local, a modo de escaparate del PP regional. En política no sólo se debe ser honrado, sino que, además, hay que parecerlo.
Otra jugada sucia de la Consejería de Educación tiene lugar en los juicios sobre sanciones de suspensión de funciones del profesorado, el mío tendrá lugar el 23 de septiembre, adonde se dice que acude a declarar el Subinspector Jefe y Subdirector General de Personal de la Consejería, ANDRÉS NORTES NAVARRO, con la intención de mentir al juez y conseguir una sentencia favorable a sus intereses. Además, ha introducido como novedad en la orden en materia de recursos humanos para el próximo curso escolar la pérdida del puesto de trabajo, que pretende aplicar con carácter retroactivo, del profesorado interino que sea sancionado durante seis meses o más con suspensión de empleo y sueldo por acumulación de sanciones y obliga a los directores de los institutos a hacer lo mismo que el del IES J. L. Castillo Puche: anotar en el parte de faltas de sus centros las ausencias de los profesores que tienen destino en otro instituto. En el tema de las faltas resulta curioso el proceder de los directores: a ellos nadie controla su asistencia pero consiguen que el inspector del Altiplano declare injustificadas con deducción de haberes las faltas por enfermedad del profesorado que habían sido justificadas por el servicio de salud de otra comunidad autónoma, aunque para pedir agua, el presidente Valcárcel no duda en acudir sin éxito a otras autonomías.
Por último, una nueva jugada sucia de la Administración regional tiene lugar con motivo de los reconocimientos médicos a los funcionarios interinos: a partir de una prueba psicológica consistente en la realización de un test, se declara al funcionario “apto con limitaciones” con el fin de destruir a la persona en su dimensión laboral y conseguir así su expulsión del centro de trabajo. Habría que averiguar también el contenido de la vacuna contra la gripe A que se pretende administrar al profesorado interino, en una estrategia de extorsión que se ha convenido en denominar mobbing o acoso laboral y que recuerda a regímenes totalitarios del siglo pasado que acabaron en la basura como el nazismo o el estalinismo: se exterminaba a la población en cámaras de gas haciéndoles creer que iban a la ducha.
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