El acoso laboral, conocido con el término inglés mobbing en el ámbito de las Administraciones Públicas es una tragedia humana que se permite como medio de neutralizar a funcionarios que resulten incómodos para el directivo de turno. La finalidad del mobbing administrativo no es otra que la destrucción del hombre en su dimensión laboral e intelectual, primero, y la expulsión, después, del centro de trabajo. La burocracia mal empleada como sistema de organización tiende a extremar estas conductas reprobables porque se construye sobre la autoridad y la jerarquía: dominación del funcionario directivo sobre el funcionario dominado, a voluntad propia o a golpe de expediente disciplinario. La falta de códigos éticos en la Administración Pública permite estas actuaciones, ya que se tiende a proteger al funcionario directivo en detrimento del subordinado, empleando el miedo y la humillación como estrategia gestora.
Analicemos la concreción de estos argumentos en el ámbito de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Como profesor interino en el IES José Luis Castillo Puche de Yecla, recibí del equipo directivo del mismo el cese de oficio en mis funciones debido a unos problemas de indisciplina de los alumnos y a las quejas de sus progenitores, todo ello con el beneplácito verbal, según sus palabras, del inspector del Altiplano, JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, hombre de dudosa imparcialidad, pues, creyendo las infamias que le proporcionaba la dirección del instituto, llegó a elaborar informes ilegales, previo visto bueno del inspector jefe, JERÓNIMO DE NICOLÁS CARRILLO, con el fin de declarar injustificadas con deducción de haberes y sanción de apercibimiento cuatro días de ausencia por enfermedad durante el curso escolar, después de que los justificantes hubieran sido firmados por el director y aceptados por la propia Consejería. Con motivo de estos hechos fue publicada una carta a la directora en el diario La Opinión, por la que fui expedientado y sancionado con CINCO MESES de suspensión de empleo y sueldo por atentados graves contra la dignidad de los funcionarios o de la Administración, según el criterio del instructor del expediente, FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ. Además de esta sanción, antes de las vacaciones de verano, recibí la incoación de otro expediente disciplinario un tanto surrealista: el director del IES José Luis Castillo Puche de Yecla, ANTONIO RODRÍGUEZ MAS, habría falseado un parte mensual de faltas del profesorado de su instituto para acusar a su acérrimo enémigo de incumplir su horario de trabajo de forma injustificada cuando tenía plaza en otro instituto y el instructor del expediente, FERNANDO LÓPEZ AYERRA, admitió la falsedad, siguiendo los dictados de su mentor, JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, para proponer una sanción de suspensión de empleo y sueldo, que se haría firme mediante "resolución" redactada por el inspector FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ y firmada por el Director General de Personal de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ BURGOS, por delegación del Consejero, CONSTANTINO SOTOCA. Resulta vergonzoso para una Consejería, financiada con los impuestos de los contribuyentes, que existan personas capaces de desafiar impunemente la ley y que la justicia no intervenga ni siquiera de oficio al tener noticia de estos hechos. La última extorsión tuvo lugar no hace mucho. Una señorita llamó por teléfono a mi domicilio en nombre de la Consejería de Educación dándome cita para un reconocimiento médico en la clínica Asur de Jumilla, adonde debía acudir en ayunas después de mear en un tarrito de venta en farmacias. La razón de realizar allí el reconocimiento y no en mi localidad de residencia, en Yecla, es que dicha clínica cede sus instalaciones al personal médico de la propia Consejería y, de esta forma, a ésta le sería más fácil utilizar los resultados en mi contra para cesarme en mis funciones o, al menos, para declarar al funcionario apto con limitaciones en virtud de un cuestionario de valoración psicológica de dudosa eficacia.
Por último, acabaría el presente artículo con el siguiente razonamiento de Séneca: el alma recta nunca se doblega, o este otro de Rousseau: Si se encuentra en un pueblo un solo hombre que no esté sometido a la ley, todos los demás están sometidos a éste.
Analicemos la concreción de estos argumentos en el ámbito de la Consejería de Educación de la Región de Murcia. Como profesor interino en el IES José Luis Castillo Puche de Yecla, recibí del equipo directivo del mismo el cese de oficio en mis funciones debido a unos problemas de indisciplina de los alumnos y a las quejas de sus progenitores, todo ello con el beneplácito verbal, según sus palabras, del inspector del Altiplano, JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, hombre de dudosa imparcialidad, pues, creyendo las infamias que le proporcionaba la dirección del instituto, llegó a elaborar informes ilegales, previo visto bueno del inspector jefe, JERÓNIMO DE NICOLÁS CARRILLO, con el fin de declarar injustificadas con deducción de haberes y sanción de apercibimiento cuatro días de ausencia por enfermedad durante el curso escolar, después de que los justificantes hubieran sido firmados por el director y aceptados por la propia Consejería. Con motivo de estos hechos fue publicada una carta a la directora en el diario La Opinión, por la que fui expedientado y sancionado con CINCO MESES de suspensión de empleo y sueldo por atentados graves contra la dignidad de los funcionarios o de la Administración, según el criterio del instructor del expediente, FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ. Además de esta sanción, antes de las vacaciones de verano, recibí la incoación de otro expediente disciplinario un tanto surrealista: el director del IES José Luis Castillo Puche de Yecla, ANTONIO RODRÍGUEZ MAS, habría falseado un parte mensual de faltas del profesorado de su instituto para acusar a su acérrimo enémigo de incumplir su horario de trabajo de forma injustificada cuando tenía plaza en otro instituto y el instructor del expediente, FERNANDO LÓPEZ AYERRA, admitió la falsedad, siguiendo los dictados de su mentor, JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, para proponer una sanción de suspensión de empleo y sueldo, que se haría firme mediante "resolución" redactada por el inspector FRANCISCO GARCÍA HERNÁNDEZ y firmada por el Director General de Personal de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ BURGOS, por delegación del Consejero, CONSTANTINO SOTOCA. Resulta vergonzoso para una Consejería, financiada con los impuestos de los contribuyentes, que existan personas capaces de desafiar impunemente la ley y que la justicia no intervenga ni siquiera de oficio al tener noticia de estos hechos. La última extorsión tuvo lugar no hace mucho. Una señorita llamó por teléfono a mi domicilio en nombre de la Consejería de Educación dándome cita para un reconocimiento médico en la clínica Asur de Jumilla, adonde debía acudir en ayunas después de mear en un tarrito de venta en farmacias. La razón de realizar allí el reconocimiento y no en mi localidad de residencia, en Yecla, es que dicha clínica cede sus instalaciones al personal médico de la propia Consejería y, de esta forma, a ésta le sería más fácil utilizar los resultados en mi contra para cesarme en mis funciones o, al menos, para declarar al funcionario apto con limitaciones en virtud de un cuestionario de valoración psicológica de dudosa eficacia.
Por último, acabaría el presente artículo con el siguiente razonamiento de Séneca: el alma recta nunca se doblega, o este otro de Rousseau: Si se encuentra en un pueblo un solo hombre que no esté sometido a la ley, todos los demás están sometidos a éste.
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