SOBRE LA CONDENA AL JUEZ GARZÓN (¡A POR LAS 20000 VISITAS!)

            En estos días de consternación en gran parte de España por la condena del juez Baltasar Garzón, puede pensarse si lo sucedido tenía como finalidad corregir una actuación incorrecta en la instrucción del caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción protagonizado por miembros del PP, o, si por el contrario, obedece a otro tipo de intenciones para evitar que pueda volver a investigar hechos molestos para el recién estrenado gobierno de Rajoy, al tiempo que sirve de escarmiento a otros jueces que se atrevan a seguir su mismo camino. Debe tenerse en cuenta que la condena se ha producido al inicio de la actual legislatura y que el período de inhabilitación parece haberse buscado de forma intencionada, hasta la jubilación del juez. Así, con Garzón fuera de combate, Rajoy se aseguraría una legislatura tranquila y sin sobresaltos, exenta de escándalos de corrupción protagonizados por miembros de su partido. Da igual que el magistrado recurra al Tribunal Constitucional, pues, para cuando este órgano haya resuelto, ya habrá cumplido toda su condena y Rajoy ya no estará en el poder, lo más que pueda conseguir el juez será una indemnización pagada del bolsillo del contribuyente.

            Tampoco el gobierno de Valcárcel ha sido ajeno a casos de corrupción en el marco de la Consejería de Educación, protagonizados por inspectores de educación y directores de instituto de Yecla. Así, el antiguo director del IES J. L. Castillo Puche de Yecla, Antonio Rodríguez Mas, denunció a un profesor de su centro por presuntos abusos sexuales hacia su hija, obligando al docente a permanecer de baja durante todo el curso escolar, de noviembre a mayo, período en el que fue sustituido por una profesora pagada del bolsillo de los contribuyentes, operación supervisada por el inspector del Altiplano, Jesús Gómez Gómez. En otra ocasión, este director, aconsejado por el inspector Fernando López Ayerra bajo las órdenes del Sr. Gómez, modificó el parte mensual de faltas de su centro, diez meses después de su redacción original, para acusar a un profesor de no evaluar en septiembre a unos cursos que no eran suyos o a otros cuyos alumnos lo aprobaron todo en junio, con la finalidad de que fuera suspendido en sus funciones para enchufar en su lugar al hijo de una profesora jubilada del otro instituto de Yecla, el IES Azorín, a quien el director de este centro había aconsejado inscribirse en el SEF como demandante de empleo al conocer la vacante, ya que este sustituto ni siquiera formaba parte de la lista de interinidad y, una vez en su puesto, se intentaba ligar a sus alumnas, menores de edad, en la calle, con frases como Ahora que no somos profesor y alumna... (puntos suspensivos). Este episodio se ha ocultado a la luz pública, pues, cuando el juzgado ha solicitado a la Consejería el expediente administrativo, ésta se ha apresurado a realizar una revisión de oficio antes de remitirlo al órgano judicial. Al parecer, la Consejería de Educación goza de gran solvencia económica y puede permitirse costear este tipo de situaciones originadas por rencillas personales entre el profesorado y los directores de instituto de Yecla, ya que no existe ninguna autoridad que controle a los inspectores de educación en la imposición de sanciones abusivas de suspensión de empleo y sueldo del personal docente cuyas consecuencias pagamos todos.

            En definitiva, la condena de Garzón y lo sucedido en los institutos de Yecla generan la desconfianza en las instituciones democráticas del ciudadano que nada entiende de embrollos judiciales y que se ve obligado a pagar con sus impuestos las consecuencias de estas situaciones de corrupción protagonizadas por políticos a los que ha elegido para el gobierno de la nación.