ESTRATEGIA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN ANTE LA CRISIS ECONÓMICA/protagonista JESÚS GÓMEZ GÓMEZ

Se dice que la carestía agudiza el ingenio humano. Sirva de ejemplo la actuación de la Consejería de Educación en los tiempos actuales de crisis económica, que por supuesto también afecta a la Administración Pública, a pesar de abastecerse a costa de los impuestos de los ciudadanos. El anuncio, hecho realidad, de la Consejería de Educación de no cubrir las bajas laborales del personal docente en el mes de diciembre revela que son estas bajas las que ocasionan mayor coste económico a la Administración, aunque las medidas para combatir el absentismo laboral no se dirigen contra los funcionarios que permanecen de baja durante largos períodos de tiempo, sino contra las ausencias por enfermedad de corta duración. Así, el inspector jefe de educación del Altiplano, Jesús Gómez Gómez, en connivencia con el director del IES J. L. Castillo Puche de Yecla, Antonio Rodríguez Mas, que falsifica los partes de faltas, elabora informes para declarar injustificadas con deducción de haberes las ausencias del profesorado por enfermedad inferiores a tres días a pesar de que los justificantes han sido firmados previamente por el susodicho director, a quien nadie controla en sus reiterados viajes anuales al extranjero que no constan en ningún documento oficial, pero sí en la web de su instituto. Se trata de pequeños hurtos en las nóminas de los funcionarios inferiores a 400 € de forma que no puedan ser considerados delito de forma individual, pero que, multiplicados por el número de funcionarios estafados por este procedimiento, dan lugar a una cantidad nada desdeñable para las arcas de la Consejería de Educación. Habría que añadir que este inspector del Altiplano acepta los justificantes médicos de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana pero no los de otras comunidades autónomas, para que luego el presidente Valcárcel acuse a los ciudadanos de determinadas autonomías de insolidaridad en el tema del agua. Otra forma de extorsión practicada por esta Consejería a sus funcionarios consiste en fingir el cobro indebido en nómina de unas cantidades también inferiores a 400 € para luego exigirles su cobro mediante orden del Director General de Recursos Humanos. El descaro del inspector jefe de educación del Altiplano llega hasta el punto de justificar sus abusos de poder e infracciones administrativas mediante informes redactados por él mismo pero firmados por otros inspectores con los que guarda una relación de amistad a los que a veces dirige desde su teléfono móvil.
Y es que la burocracia mal empleada como sistema de organización y la falta de códigos éticos en la Administración no impiden estas actuaciones, porque se construye sobre la autoridad creando situaciones asimétricas de poder: dominación del funcionario directivo sobre el funcionario dominado a voluntad propia o a golpe de expediente disciplinario.