Mucho se habla en los tiempos actuales de las dificultades que atraviesa nuestro sistema educativo, debidas, entre otras causas, a la presencia en las aulas de alumnos faltos de interés por el estudio a los que nuestro ordenamiento jurídico obliga a recibir una formación teórica hasta los dieciséis años de edad.
En este sentido, mi experiencia como profesor-tutor de un curso de 2º de ESO del IES José Luis Castillo Puche de Yecla no ha podido ser más nefasta, pues, a las dificultades planteadas por los alumnos se unen las de sus padres, quienes, haciéndome responsable del mal comportamiento y del bajo rendimiento académico de sus hijos, se atrevieron a exigir al director, ANTONIO RODRÍGUEZ MAS, y al jefe de estudios, EMILIO PINA CORONADO, del mencionado instituto el cese en mis funciones como profesor-tutor y éstos, ni cortos ni perezosos, complacieron a los progenitores comunicándome “de oficio” el final de mi actividad como docente de dicho grupo, recordándome, en un alarde de arrogancia, que dicha decisión ya la pusieron en práctica antes con un profesor de música y les salió bien con el simple beneplácito verbal del inspector de zona.
Ante esta situación, uno pide explicaciones a la Consejería de Educación que responde con un informe sancionador elaborado por el referido inspector, JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, hombre de dudosa imparcialidad debido a la amistad que le une al equipo directivo de este instituto del que oye toda clase de improperios y chismes contrarios a mi persona y a mi labor docente y con el que comparten a la abogada CLARA PÉREZ GARCÍA.
Pero, no contento con este episodio, el Sr. inspector atravesó los límites de la cordura al introducirse, en clase de otro de mis cursos, cuando éstos estaban con otro profesor, para interrogar a mis alumnos sobre mi paradero en la ausencia justificada de algún día de clase, en busca de opiniones maliciosas de algún alumno resentido. Esto lo hizo a mis espaldas, cuando los alumnos tenían clase con otro profesor. Dicha labor policial más bien debería ir dirigida a la vigilancia de los funcionarios que permanecen de baja laboral durante largos espacios de tiempo.
Debido a que, a pesar de situaciones tan lamentables como ésta, seguimos viviendo –por ahora- , en un estado de derecho, habría que añadir a todo lo expuesto el adverbio PRESUNTAMENTE y dejar al lector sacar sus propias conclusiones. Increíble. Una pesadilla.
En este sentido, mi experiencia como profesor-tutor de un curso de 2º de ESO del IES José Luis Castillo Puche de Yecla no ha podido ser más nefasta, pues, a las dificultades planteadas por los alumnos se unen las de sus padres, quienes, haciéndome responsable del mal comportamiento y del bajo rendimiento académico de sus hijos, se atrevieron a exigir al director, ANTONIO RODRÍGUEZ MAS, y al jefe de estudios, EMILIO PINA CORONADO, del mencionado instituto el cese en mis funciones como profesor-tutor y éstos, ni cortos ni perezosos, complacieron a los progenitores comunicándome “de oficio” el final de mi actividad como docente de dicho grupo, recordándome, en un alarde de arrogancia, que dicha decisión ya la pusieron en práctica antes con un profesor de música y les salió bien con el simple beneplácito verbal del inspector de zona.
Ante esta situación, uno pide explicaciones a la Consejería de Educación que responde con un informe sancionador elaborado por el referido inspector, JESÚS GÓMEZ GÓMEZ, hombre de dudosa imparcialidad debido a la amistad que le une al equipo directivo de este instituto del que oye toda clase de improperios y chismes contrarios a mi persona y a mi labor docente y con el que comparten a la abogada CLARA PÉREZ GARCÍA.
Pero, no contento con este episodio, el Sr. inspector atravesó los límites de la cordura al introducirse, en clase de otro de mis cursos, cuando éstos estaban con otro profesor, para interrogar a mis alumnos sobre mi paradero en la ausencia justificada de algún día de clase, en busca de opiniones maliciosas de algún alumno resentido. Esto lo hizo a mis espaldas, cuando los alumnos tenían clase con otro profesor. Dicha labor policial más bien debería ir dirigida a la vigilancia de los funcionarios que permanecen de baja laboral durante largos espacios de tiempo.
Debido a que, a pesar de situaciones tan lamentables como ésta, seguimos viviendo –por ahora- , en un estado de derecho, habría que añadir a todo lo expuesto el adverbio PRESUNTAMENTE y dejar al lector sacar sus propias conclusiones. Increíble. Una pesadilla.
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